I.- ANTECEDENTES
Como ya indicamos en un artículo publicado en la
edición anterior de esta Revista de Fiestas Patronales (Llerena en 1808), las
circunstancias y urgencias propias de la Guerra de la Independencia determinaron
un mayor protagonismo gubernativo y administrativo de esta ciudad, desde donde
se gobernaban los 44 pueblos de su partido, trasmitiendo a sus autoridades las
órdenes e instrucciones que a Llerena llegaban desde la Junta Central Suprema
de Gobernación del Reino, de la Junta
Suprema
Gracias al
contacto directo con la superioridad, las autoridades llerenenses tuvieron
noticias de primera mano sobre el Motín de Aranjuez, los sucesos del 2 de Mayo
en Madrid y la forzada abdicación de Fernando VII en favor de José Bonaparte el
día 5 del mismo mes. En concreto, la iniciativa y disposición de los alcaldes
de Móstoles fue conocida oficialmente por el gobernador interino y alcalde
mayor de Llerena, don Fernando Camborda, sobre las tres de la madrugada del día
5 de Mayo, noticia que puso en conocimiento del resto de las autoridades
civiles y religiosas locales, y también de las de los pueblos de su
jurisdicción.
Como ya se consideró, el primero de Julio de 1808,
siguiendo instrucciones superiores, se constituyó la Junta Patriótica de Llerena, con facultad para tutorar y controlar los
asuntos de la guerra en esta ciudad y en todos los pueblos de su partido
histórico. Dicha junta quedó controlada por el clero local (el inquisidor
Riesco y el obispo-prior Casquete del Prado), excluyendo a Camborda y a la
práctica totalidad de los regidores perpetuos de la ciudad, salvo a Hernández
Santa Cruz. Esta circunstancia no fue bien acogida por las personalidades
descartadas, situación que inmediatamente dio origen a sucesivas polémicas y
disensiones, la primera de las cuales se resolvió con el traslado de Camborda a
Hornachos. Por desgracia para los intereses nacionales y locales, las
desavenencias entre las autoridades llerenenses no concluyeron aquí, pues las
discordias estuvieron presentes durante todo el desarrollo de la Guerra.
Respecto a la
guerra en sí, como también ya se contempló en su momento, la contienda fue un
paseo triunfal para los intereses franceses hasta que, excesivamente confiados,
sufrieron en Julio de 1808 la estrepitosa derrota de Bailén, circunstancia que
provocó su retirada al noreste peninsular. Pero allí, ya en el otoño los
aproximadamente 60.000 efectivos españoles que acudieron a acosarles se
encontraron con el enemigo reforzado con más de 250.000 soldados de todas las
armas, perfectamente adiestrados y pertrechados, y bajo la personal dirección
de Napoleón, que sin apenas esfuerzo les derrotó sin contemplación. En lo que
más nos atañe, el ejército de Extremadura, del que formaban parte unos 5.000
soldados reclutados en el partido de Llerena, prácticamente desapareció tras
los distintos enfrentamientos que mantuvieron con el enemigo en la provincia de
Burgos, sufriendo numerosas bajas y deserciones. Los escasos efectivos que sobrevivieron
padecieron en Diciembre nueva derrota en las proximidades de Madrid, ahora en
unos momentos en los que la
Junta Central se vio forzada a abandonar Madrid para, tras
descartar su traslado a la plaza fortificada de Badajoz, refugiarse por fin en
Sevilla.
Bajo estas circunstancias y con el
enemigo avanzando desde Madrid hacia distintos puntos de la Península, entre
ellos Extremadura y Portugal, abordamos la repercusión de la contienda en
Llerena durante 1809.
II.- LUCHA POR EL PODER LOCAL
En
ausencia de datos, hemos de suponer que la vida de los llerenenses discurriría
con la normalidad que la guerra permitía en 1809. Y hacemos esta conjetura porque
realmente carecemos de datos concretos, dada la laguna documental que existe en
los archivos de la ciudad, reducido a las partidas recogidas en los Libros
Sacramentales de sus dos parroquias. Ya hemos lamentado esta circunstancia en
otras ocasiones, pero conviene recordar que en Llerena no se conserva ni un
solo documento relativo a la Guerra de la Independencia, acotando la laguna
documental citada entre los años setenta del XVIII y los treinta del XIX. Por
ello, sólo es posible tomar referencias sobre Llerena cuando lo sucedido en
nuestra ciudad tuvo eco o repercusión más allá de sus murallas, bien por
tratarse de órdenes recibidas de la superioridad, de decretos remitidos a los
pueblos de su gobernación por las autoridades del partido o por hechos aquí
acontecidos y que tuvieron repercusión o desenlace en otros lugares.
Al
parecer, tomando nuevamente la referencia del año anterior, la precipitada
salida en Agosto de 1808 del gobernador interino y alcalde mayor de Llerena, Sr.
Camborda, no fue suficiente para calmar los ánimos y alcanzar la paz entre las distintas
autoridades llerenenses. En realidad, durante el Antiguo Régimen en Llerena
nunca faltaron recelos y suspicacias de esta naturaleza entre los miembros del
clero, los del estamento nobiliario y los administradores y oficiales reales
que circunstancialmente aquí estaban destinados. Buena prueba de ello se localiza en una
especie de crónica e informe de 1667 redactado por Cristóbal de Aguilar (Libro
de Razón), en donde se recogían los privilegios de la ciudad y las competencias
de cada uno de los estamentos de poder en ella centralizada. Se daba cuenta
igualmente de lo pactado y acordado protocolariamente sobre la privilegiada ubicación
de cada autoridad en todos y cada uno de los actos festivos (juegos de cañas,
corridas de toros, representaciones teatrales…) y religiosos (misas,
procesiones, rosarios, autos de fe…) que se celebraban en Llerena, repartiendo
con meticulosidad y de forma inequívoca cada uno de los palcos y arcos que
rodeaban la Plaza Mayor, los sitiales reservados en las iglesias y conventos,
así como la posición de cada autoridad en las dependencias donde se celebraban
los plenos del Ayuntamiento o cualquier otra actividad administrativa. A tal
extremo se llevaron estos asuntos protocolarios, que aún a mediados del XVIII la
propia reconstrucción de la Iglesia Mayor de Ntra. Sra. de la Granada tuvo que
adaptarse arquitectónicamente para incluir exactamente los soportales y arcos
que el primitivo templo disponía delante del mismo, es decir, los que entonces
se conocían como Portales de Plateros y Libreros.
En
realidad, especialmente desde el definitivo asentamiento de los regidores perpetuos
en Llerena, el gobierno del concejo quedó en sus manos. Éstos constituían el
estamento nobiliario u oligarquía local, junto a la escasa veintena de hidalgos
avecindados en la ciudad, así como ciertos y circunstanciales oficiales reales en
ella asentados (gobernador, alcalde mayor, escribanos, funcionarios de la
tesorería del partido y de la Mesa Maestral, los asociados a la administración
de Justicias, jueces comisionados para asuntos puntuales, militares de
graduación…).
En
efecto, el gobierno del concejo quedó exclusivamente como competencia de los
numerosos regidores perpetuos que compraron el título en 1629, con la anuencia
del gobernador, cuya voluntad doblegaban ofreciéndole el patronato de la obra
pía que fundara el capitán Fernández Barba. El osado atrevimiento de los
regidores perdía tal condición si consideramos que dicho patronazgo conllevaba
11.000 reales anuales (el jornal, cuando se podía echar y siempre de sol a sol,
estaba estipulado entre 3 y 5 reales, según la época del año y la tarea a
realizar). Es decir, un “estímulo” suficiente para que el representante real en
Llerena les dejara vía libre en el gobierno y distribución de los bienes
concejiles y comunales (representaban aproximadamente el 90% de la tierra de
los actuales términos de Llerena y sus antiguas aldeas de Higuera y Maguilla),
así como en el reparto de la carga fiscal que afectaba al conjunto de los
llerenenses.
El
otro estamento privilegiado de la ciudad estaba representado por el numeroso clero
local, presidido por el obispo-prior y los asociados a sus distintas competencias
religiosas y administrativas en la provincia de León de la Orden de Santiago en
Extremadura (unos 10.000 km2), además del provisor del partido de Llerena y sus
ayudantes, los dos párrocos locales con sus tenientes, los numerosos
beneficiados de capellanías, obras pías y vínculos, tres conventos de
religiosas (Santa Isabel, Santa Clara y Santa Ana) y cuatro de religiosos (dominicos,
franciscanos, hermanos de San Juan de Dios y jesuitas), sin olvidarnos del complejo
entramado representado por los miembros del Tribunal de la Inquisición. En
total, aproximadamente tres centenares de religiosos, algunos de ellos con
muchísimo poder, carga difícil de mantener por los poco más de 6.000 habitantes
que tuvo Llerena en su mejor época, es decir, los 1.500 pecheros o unidades
familiares que, como media a lo largo del Antiguo Régimen, integraban el pueblo
llano o clase desfavorecida del sistema social imperante.
Los
dos estamentos privilegiados (nobleza intitulada local y clero), aunque rivalizaban
por nimiedades tales como un palco en la Plaza Pública o un asiento o lugar
preferente en las iglesias o procesiones (no digamos por otros asuntos más
importantes), actuaban corporativamente cuando se trataba de defender sus
privilegios frente al estamento de los pecheros, abusando de ellos, tanto en el
reparto de tierras para labrar o pastorear como en la aplicación de impuesto.
Y
bajo estos parámetros hemos de analizar los acontecimientos locales y la eterna
lucha por el poder entre las autoridades de las múltiples administraciones que
concurrieron en Llerena durante la Guerra de la Independencia, parámetros y protocolos
rotos desde su inicio. En efecto, la aparición a primeros de Junio de 1808 de
la Junta Patriótica local hizo añicos los pactos protocolarios y la distribución
de poder y competencias que habían presidido las relaciones de las distintas
administraciones y autoridades ubicadas en Llerena durante más de dos siglos. Así,
nada más empezar la guerra, el pulso entre el gobernador interino y alcalde
mayor de Llerena, Sr. Camborda, y la recién aparecida Junta Patriótica concluyó
con la expulsión de este último, especialmente por la influencia de su
presidente, el inquisidor decano José María Riesco (integrante también de la
Junta Suprema Provincial de Extremadura y, más adelante, uno de los
parlamentarios de las Cortes Constituyentes de Cádiz) y la de Casquete del
Prado (fuentecanteño, obispo-prior de la Orden de Santiago en su provincia de
Extremadura y, con posterioridad, también integrante de las Cortes Constituyentes).
A
Camborda le sustituyeron el Coronel Antonio Muñoz de Santiago, como gobernador,
y Amat como alcalde mayor, dos personajes oriundos de distintos lugares de la
geografía peninsular pues, según era costumbre en los territorios de Órdenes
Militares, dichos funcionarios reales no deberían tener ninguna relación de
vecindad con Llerena, ni de familiaridad con su vecindario. Pues bien, nada más
tomar posesión de sus respectivos cargos aparecieron entre ellos los primeros
desencuentros, cuando en realidad se debía tratar de cargos y oficios
complementarios: el del gobernador, como máxima autoridad en Llerena y su
partido, y del alcalde mayor y abogado de los Reales Consejos como su asesor
personal en cuestiones jurídicas. Sin embargo, se quejaba Amat de que Muñoz no
se dejaba aconsejar, saltándose las ordenanzas y leyes a su antojo,
utilizándole exclusivamente con fines recaudatorios en casos ya rancios y
complicados, máxime en los tiempos que corrían.
Pero
los frentes de discordias entre las distintas autoridades llerenenses fueron numerosos
a lo largo de 1809, pese a que los franceses llegaron a estar en cierto momento
prácticamente a las mismas puertas de la ciudad. Sobre este particular, el ya
clásico clan de regidores perpetuos locales (hasta 17 concurrieron en alguna fase
del Antiguo Régimen) adoptaron diversas posturas:
-
Algunos habían desistido de renovar su
cargo en 1805, estimando que para esas fechas no era tan interesante el oficio,
especialmente como consecuencia de las reformas ilustradas en la administración
de los concejos.
-
Otros, pese a renovarlo en la fecha últimamente
indicada, decidieron mantenerse al margen y olvidar sus obligaciones en el
gobierno y administración del concejo, especialmente, suponemos, por las
complicaciones que podrían derivarse del conflicto bélico, a las que habría que
añadir el enfrentamiento nada disimulado que se estaba produciendo entre el
gobernador y la Junta Patriótica local y del partido. Fueron los casos de Juan
de Monroy, Fernando de Aguilar, Enrique Ansoti, Antonio Moreno, Sebastián
Montero, Ignacio del Olmo, Pedro Corpas, Francisco Cabanillas, Francisco Ansoti,
Manuel de la Fuente, Lorenzo de Figueroa y los herederos de Pablo Nanclares.
-
Sólo Hernández Santa Cruz (regidor
perpetuo decano) pasó a formar parte de la Junta Patriótica local,
defendiéndola con decisión.
-
Finalmente, el grupo de los únicos que
decidieron cumplir con sus obligaciones y continuar en el Ayuntamiento, no
sabemos si por respaldar al gobernador o por el común interés en contrarrestar
a la Junta Patriótica, que actuaba y se había erigido como la máxima autoridad
en Llerena y en los 44 pueblos del partido, que ocupaban una superficie
aproximada de 6.000 km2. Nos referimos a Antonio Muñoz Gato, Francisco Pacheco,
Juan Hidalgo, Matías Cebrián, José Gómez (mayordomo, es decir, quien
administraba los fondos municipales) y Fernando Rodríguez Zambrano (síndico
personero del común o, lo que es igual, quien se encargaba de distribuir las
tierras y pastos comunales).
Eran,
pues, tan pocos regidores los que decidieron seguir en el Ayuntamiento, que por
falta de quórum, y considerando las circunstancias tan especiales que
concurrían, frecuentemente se veían obligados a suspender los plenos
municipales, como así estaba recogido en las ordenanzas del concejo llerenense.
Por ello, en una sesión de pleno celebrada
durante la primavera de 1809 decidieron
solicitar de la Junta Central Suprema de Gobierno del Reino (refugiada en los
Reales Alcázares de Sevilla, tras su retirada de Madrid en Noviembre de 1808) una
Real Provisión que obligara a los regidores perpetuos absentistas a deponer su
actitud, sugiriendo que en caso contrario se les secuestrara el oficio que
habían comprado a perpetuidad. Igualmente solicitaron que se les permitiera
anualmente escoger entre el vecindario cuatro o seis personas dispuestas a
actuar como regidores.
Esta
última petición fue desestimada, pero no la primera. En efecto, desde Sevilla (sede
de la Junta Suprema de Gobernación del Reino) contactaron con los regidores
absentistas, conminándoles al cumplimiento de las competencias anexas a su
cargo. Sobre este particular, sólo hemos tenido acceso a las alegaciones de Aguilar
y Valdés, que justificaba su incomparecencia en el Ayuntamiento arguyendo su
avanzada edad (acompañaba una partida de bautismo), los achaques propios de la
misma (acompañaba certificado médico) y la falta de personas de su confianza
para hacerse cargo de su vasta fortuna, hacienda y negocios, estos últimos como
distribuidor mayorista de productos de primera y segunda necesidad en toda la
comarca. Añadía que era soltero y sólo tenía como familia a una sobrina viuda y
madre de un niño de tres años, ambos sin capacidad legal para representarle en
el Ayuntamiento. Por todo ello, dado también que nadie estaba dispuesto a
arrendarle el oficio de regidor hasta la mayoría de edad de su sobrino-nieto, su
sucesor legal en el mayorazgo familiar, solicitaba que se le dispensara de tales
obligaciones y que en ningún caso le secuestraran el oficio de regidor perpetuo
vinculado al mayorazgo familiar.
Pero
el conflicto más tenso fue el mantenido entre el gobernador Muñoz y los
miembros de la Junta Patriótica. Estos últimos hicieron saber a la Junta
Suprema del Reino que las actuaciones del gobernador estaban presididas por el
ánimo de desacreditarla y restarle competencias, dado que no había conseguido
el objetivo de regirla. A pesar de todo, hacían saber que la Junta había tenido
a bien ofrecerle la responsabilidad de la vicepresidencia que, al parecer, no
colmaba sus satisfacciones.
El
gobernador no estaba sólo en estos debates; lo arropaban, al menos puntualmente
y para asuntos de discrepancia con la Junta Patriótica, los regidores Hidalgo,
Pacheco y Cebrián, aunque este último y su familia, con miras más altas,
representaba un asociado complicado y peligroso para el propio gobernador. El
principal argumento que esgrimían para desacreditar a la Junta Patriótica era el
de que en Llerena no existían los 2.000 vecinos (unas 8.000 almas o habitantes)
estipulados para que un concejo pudiera disponer de Junta Patriótica.
Al
parecer, ni la Junta Suprema de Extremadura (por aquellas fechas asentada en
Valencia de Alcántara, al cobijo de los ejércitos aliados y ante el casi asedio
del enemigo a Badajoz) ni la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino
tomaron decisiones importantes sobre el conflicto llerenense, pues es de
suponer que tendrían otros asuntos más importantes que resolver. El único que
sí adoptó decisiones, y muy dolorosas para el gobernador, fue Riesco, en su
condición de presidente de la Junta Patriótica de Llerena, inquisidor decano y,
por aquellas fechas, miembro también de la Junta Suprema de Extremadura.
Concretamente tomó la decisión de quitarle al gobernador el patronazgo de la
obra pía de Fernández Barba y, lo que resultaba más doloroso, los 11.000 reales
anuales que el cargo llevaba anexo. Además, para más complicación, se lo
reservo para él en calidad de inquisidor decano, como inicialmente fue la
voluntad del fundador.
En
definitiva, las relaciones entre las autoridades de Llerena fueron muy tensas.
Suponemos que, al menos, el pueblo llano estaría distraído viendo como sus
prepotentes, ricas y acomodadas autoridades se destrozaban entre sí,
aliviándose de esta manera del excesivo desgaste personal y económico que les
reportaban los continuos alistamientos y requisas de víveres que sufrían.
El
más sonado de los espectáculos al que asistieron tuvo lugar en la Iglesia Mayor
a primeros de Agosto. Se trataba de celebrar con toda solemnidad y júbilo aquella
que los aliados (españoles, ingleses y portugueses) consideraron como la única victoria
española frente a los franceses en todo 1809: la de Talavera (28/07/1809), que
más bien concluyó en empate, con la oportuna retirada de los gabachos a otra
zona más acorde con su estrategia. Para tal acontecimiento, siguiendo
instrucciones superiores, se acordó que en cada pueblo se celebrasen una serie
de actos festivos y religiosos de acción de gracia. Pues bien, con todo el
pueblo en el templo y sus alrededores, los asesores y personas de confianza de
uno y otro estamento del poder se afanaron en consensuar un protocolo imposible
de alcanzar, portando los bancos y estrados propiedad del concejo desde el
ayuntamiento a la iglesia mayor, discutiendo en este sagrado aposento sobre la
ubicación de dichos estrados y el sitio preferencial de cada autoridad en los
actos programados, reubicando los bancos en el Ayuntamiento ante los
desacuerdos…, y todo ello delante del público que, aunque acostumbrado a estos
espectáculos, seguía expectante el desarrollo de los acontecimientos. Mientras,
a la espera de noticias sobre el protocolo a seguir, uno y otro bando de
autoridades hacían tiempo en distintas dependencias del ayuntamiento para
iniciar los actos programados, sin saber si se iniciarían o cómo concluirían.
Al final, sin la asistencia del gobernador, miembros del Ayuntamiento ni,
incluso, del párroco de la Iglesia Mayor y hermano de unos de los regidores
perpetuos adepto al gobernador, se celebró a duras penas el acto, no sin la irrupción
exhibicionista, fiscalizadora, y espectacular del gobernador, que en un momento
de la celebración decidió pasearse por el templo.
Y
estos son los acontecimientos de los que tenemos noticias en Llerena durante 1809.
En el resto de los años que duró la guerra, especialmente en las fechas más
complicadas (Febrero de 1810, hasta Septiembre de 1812), fue Cebrián quien dio
la cara, echándole redaños al asunto; las otras autoridades en discordia desaparecieron
hasta que en Septiembre de 1812 los franceses abandonaron la zona, momento en
el que tomó el poder el regidor perpetuo Hernández Santacruz.
III.- LA GUERRA EN LA BAJA EXTREMADURA DURANTE
1809
Volviendo sobre la guerra en
Extremadura a finales de 1808, pese a la debacle y las numerosas deserciones
del otoño, durante los meses de Enero y Febrero de 1809 se consiguió
reorganizar los ejércitos nacionales, entre ellos el de Extremadura, quedando
este último a cargo del general Gregorio de la Cuesta, que se puso como
objetivo más inmediato sujetar a los franceses en su decidido avance desde
Madrid hacia Badajoz. Por ello, temiendo no poder contenerlos en los pasos del
Tajo y del Guadiana, y sospechando que la intención de los invasores era la de
encaminarse hacia Sevilla, ciudad donde se había refugiado la Junta Central
Además de las medidas anteriores, la Junta Central también
adoptó la estrategia de fomentar partidas de guerrilla y de preparar las denominadas
milicias urbanas para incomodar al enemigo, impidiendo así la obtención de
víveres mediante acciones por sorpresa en los puntos neurálgicos del sistema de
comunicaciones. Precisamente la constitución en Llerena de estas partidas también fue objeto de
polémicas, siguiendo con las pautas indicadas en el apartado anterior. Al
final, el llerenense Muñoz Vaca resultó nombrado
como comandante de dicha partida.
Continuando con los asuntos de la
guerra en el contexto provincial, el grueso de la reconstruida tropa extremeña
se instaló en el Puerto de Miravete, en el puente de Almaraz y en Medellín, de
donde definitivamente fueron desalojados el 29 de Marzo de 1809, tras una
polémica batalla en la que, según el posterior informe de su general en jefe,
D. Gregorio de la Cuesta ,
tenían prácticamente ganada, aunque falló a última hora por la tibieza con que
se empleó la caballería española. Esta seria derrota provocó una penosa y
desesperada retirada del ejército de Extremadura hacia el sur, dejando el
enemigo a las puertas de Badajoz y la práctica totalidad de la zona central y
oriental de la actual provincia de Badajoz a su alcance. Concretamente, tras la
derrota en Medellín, el Cuartel General de los españoles se instaló en
Berlanga; toda la caballería, comandada por el general Villalba, en Llerena; la
división de Andalucía, comandada por el duque de Alburquerque, en Azuaga; la
división de Guadalupe, al frente de la cual estaba el general Barredo, en
Granja de Torrehermosa; el duque del Parque, con la vanguardia y la primera
división, en Ahillones; en Reina la segunda división con su comandante el
general Imaz; la tercera, bajo el mando del general Portago, en Fuente del
Arco; y el hospital general en Guadalcanal.
Al parecer, aunque el Cuartel General se trasladó poco después a
Monesterio, estas posiciones se mantuvieron en manos españolas, pero no la de
los otros pueblos del resto del partido de Llerena y los de la zona central y
oriental de la actual provincia de Badajoz, en donde, obviamente, se vieron forzados
a proporcionar a los invasores cuantos avituallamientos estimaron oportuno requerir,
so pena de saqueos arbitrarios. Con independencia de estas exigencias, el
vecindario de la comarca ya estaba comprometido a abastecer al ejército de
Extremadura, según disposiciones tomadas
por el general Cuesta, que había obligado a cada pueblo a proporcionar
una serie de raciones para abastecer a la tropa concentrada en los pueblos
citados anteriormente.
Al parecer, los franceses, tras
conseguir el botín de guerra, se retiraron de los pueblos del Partido de
Llerena que ocuparon (Hornachos y los de sus alrededores, así como otros
incluidos en la antigua encomienda de Alange) y, en general, de la Baja Extremadura
a otras zonas más acorde con sus estrategias. Por desgracia, nuevamente
volverían en Febrero de 1810, atacando simultáneamente por el norte y por el
sur de la actual provincia de Badajoz, pero este aspecto se aplaza para próximas
ediciones de esta revista.
___________________
BIBLIOGRAFIA
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